El debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados alcanzó un punto crítico tras la decisión del oficialismo de eliminar el polémico artículo 44, que proponía una reducción en las remuneraciones por licencias médicas y enfermedades. La medida fue adoptada luego de intensas negociaciones y presiones tanto de bloques aliados como de la oposición, quienes advirtieron sobre el costo político y la posible inconstitucionalidad del artículo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas para el día en que se trate la reforma en Diputados, con adhesión total de los gremios del transporte. La medida paralizará servicios de colectivos, trenes y aviones, con la cancelación de más de 250 vuelos y un impacto estimado en 31.000 pasajeros. Desde el gobierno, se minimizó el alcance del paro y se ratificó la decisión de descontar el día a los empleados estatales que adhieran a la protesta.

En paralelo, la industria sufrió un nuevo golpe con el cierre de la planta de neumáticos Fate en San Fernando, que dejó 920 trabajadores despedidos. La empresa atribuyó la decisión a la apertura de importaciones y la caída de la demanda local, mientras que los sindicatos responsabilizaron al modelo económico del gobierno. El Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación, aunque las posibilidades de revertir el cierre son escasas.

El proyecto de reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca modernizar la legislación vigente y facilitar la contratación de personal, aunque enfrenta críticas por la reducción de derechos y la creación de un fondo para indemnizaciones financiado con aportes de los empleadores. El oficialismo aspira a aprobar la ley en Diputados y devolverla al Senado para su ratificación, en medio de un clima de alta tensión política y social.

Mientras tanto, empresarios y economistas consideran que la reforma es un paso necesario para mejorar la competitividad, pero advierten que su impacto será limitado sin una reactivación económica. Los sindicatos, por su parte, prometen continuar la resistencia y advierten sobre la judicialización de la norma en caso de ser aprobada.