El gobierno de Javier Milei ha intensificado su agenda de reformas con medidas que abarcan desde la reestructuración del Estado hasta cambios en políticas fiscales y de seguridad. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anunció el cierre y reestructuración de organismos públicos, argumentando que muchos de ellos fueron creados durante gobiernos anteriores para generar burocracia y gastos innecesarios. "El kirchnerismo hizo crecer mucho al Estado con organismos descentralizados que podían cobrar. Eso hizo que empezaran a crear trámites para generar caja. Nosotros los vamos a devolver a la administración central", afirmó el funcionario.

En paralelo, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un Plan de Inteligencia Nacional que ha generado controversia. Según una investigación periodística, el plan incluye la posibilidad de monitorear a periodistas, economistas y otros actores que puedan "erosionar" la confianza en el gobierno. Organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) han denunciado hostigamiento y ciberacoso contra periodistas, exigiendo una investigación judicial exhaustiva. La Casa Rosada negó las acusaciones, calificándolas de "noticias falsas".

En el ámbito fiscal, el gobierno busca atraer dólares al sistema financiero mediante la emisión de bonos en pesos que pueden ser suscritos en dólares. Además, se ajustaron los subsidios de gas en zonas frías, eliminando descuentos para usuarios con múltiples medidores. Estas medidas forman parte de un esfuerzo por cumplir con las metas de reservas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En materia de seguridad, se lanzó el "Plan Guacurarí", un operativo de control en la frontera con Brasil para combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. El plan incluye la creación de un comando interfuerzas que coordinará tareas en una zona crítica de la frontera.

Por otro lado, las tensiones entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires se han intensificado. El gobernador Axel Kicillof criticó los recortes en obras públicas, calificándolos de "desidia" y anunciando que la provincia continuará las obras con presupuesto propio. Estas diferencias reflejan conflictos históricos entre el gobierno central y las provincias.

Las medidas del gobierno han generado reacciones mixtas. Mientras algunos sectores valoran los esfuerzos por reducir la burocracia y mejorar la seguridad, otros critican las políticas fiscales y el Plan de Inteligencia, considerándolos un ataque a derechos fundamentales. En este contexto, el gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de implementar su agenda de reformas en un clima de polarización política y social.