El Gobierno argentino ha decidido avanzar con la disolución de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), un organismo clave en la supervisión del transporte automotor y ferroviario. Esta medida se enmarca en el plan de reestructuración estatal impulsado por la administración de Javier Milei, conocido como el "plan motosierra".

La CNRT, que hasta ahora operaba bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, será desmantelada y sus funciones serán absorbidas por esta última, que depende del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo. Según fuentes oficiales, el objetivo es simplificar la estructura estatal y optimizar los recursos. "Hay en estudio un decreto para eliminar o fusionar varias áreas que necesitan una simplificación", confirmó una fuente ejecutiva cercana al proceso.

El organismo, que cuenta con un presupuesto anual de $22.367 millones, ha sido objeto de críticas por su gestión y eficiencia. Entre sus principales funciones se encuentran la fiscalización de servicios de transporte, la evaluación psicofísica de conductores y la supervisión de contratos de concesión ferroviaria. Estas tareas ahora serán redistribuidas dentro de la Secretaría de Transporte, liderada por Franco Mogetta.

La decisión también ha generado tensiones internas. Javier Fábregas, gerente de fiscalización del transporte automotor y figura cercana al mileísmo, presentó su renuncia recientemente, en lo que se interpreta como una señal de los cambios inminentes. Fábregas había asumido el cargo con el respaldo de Karina Milei, pero su salida refleja las disputas internas en la gestión del organismo.

Por otro lado, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich ha planteado que funciones como las de la CNRT deberían depender de su antiguo ministerio, en línea con prácticas internacionales. Sin embargo, hasta el momento no se han realizado modificaciones en esa dirección.

La CNRT ha sido históricamente un espacio de representación política diversa, con funcionarios provenientes del schiarettismo, el PRO, el massismo y el mileísmo. Su disolución marca un cambio significativo en la estructura estatal y plantea interrogantes sobre el futuro de sus empleados y la eficacia de la fiscalización del transporte en el país.

Se espera que los detalles finales de esta reestructuración sean anunciados entre finales de abril y principios de mayo de 2025. Mientras tanto, la medida ha generado tanto expectativas como incertidumbre, en un contexto de reformas profundas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.