El triple crimen de Florencio Varela ha sacudido a la provincia de Buenos Aires y puesto en evidencia la compleja trama del narcotráfico en el conurbano. Entre el 19 y el 20 de septiembre, Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en una vivienda de la zona. Sus cuerpos mutilados fueron hallados enterrados en el fondo de la casa, en un caso que la fiscalía atribuye a un ajuste de cuentas por el robo de drogas.

La investigación, liderada por el fiscal Adrián Arribas, ha permitido la detención de nueve personas y la identificación de al menos tres prófugos, sobre quienes pesa un pedido de captura internacional: Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani y Manuel David Valverde Rodríguez. Las cámaras de seguridad y los testimonios de los imputados han sido fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos, desde el secuestro de las víctimas en la rotonda de La Tablada, La Matanza, hasta el hallazgo de los cuerpos.

Florencia Ibáñez, sobrina de uno de los detenidos y pareja de Castillo, declaró que las jóvenes habrían robado droga a la banda, lo que desencadenó la brutal venganza. "La idea era apretar a un tipo, no lastimar a las tres chicas", sostuvo Ibáñez en su testimonio, aunque la fiscalía sostiene que el móvil fue el robo de cocaína. El fiscal Arribas destacó la cooperación entre las policías de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y subrayó que "lo registrado por las cámaras nos otorgó información crucial".

Las familias de las víctimas han recibido custodia policial tras denunciar amenazas, mientras que los abogados defensores insisten en la inocencia de sus clientes y cuestionan la solidez de las pruebas. "Queremos justicia y verdad, así nos duela. Las tres acá son víctimas", expresó el abuelo de Brenda y Morena.

El caso ha generado un intenso debate sobre la penetración del narcotráfico en barrios vulnerables y la falta de protección para los jóvenes. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina revela que el tráfico de drogas afecta a más del 35% de los hogares del conurbano. La investigación continúa con nuevos allanamientos y la expectativa de más detenciones, mientras la sociedad exige respuestas y justicia para las víctimas.