El Gobierno argentino oficializó una serie de medidas destinadas a reducir aranceles e impuestos internos en productos electrónicos, como celulares, televisores y aires acondicionados. Estas disposiciones, publicadas en el Decreto 333/2025, buscan fomentar la competitividad, reducir precios y facilitar el acceso a bienes tecnológicos, pero han generado controversia, especialmente en Tierra del Fuego.

Entre las medidas más destacadas, se encuentra la reducción progresiva de los aranceles para celulares, que pasarán del 16% al 8% y llegarán a 0% en enero de 2026. Asimismo, las videoconsolas verán una disminución de aranceles del 35% al 20%. En cuanto a los impuestos internos, estos se reducirán del 19% al 9,5% para productos importados y al 0% para los fabricados en Tierra del Fuego.

El Gobierno argumenta que estas medidas permitirán una baja en los precios de hasta el 25% en celulares importados y del 11% en los fabricados localmente, además de promover la inclusión digital. Sin embargo, estas decisiones han generado preocupación en la industria local. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, advirtió sobre la posible pérdida de hasta 8,000 empleos directos en la provincia y calificó las medidas como un golpe duro para la industria.

Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció un paro total en las fábricas de Ushuaia y Río Grande, en protesta por las medidas. "Es muy difícil que se puedan seguir fabricando celulares en Argentina", afirmó Luis Galli, CEO de Newsan, una de las principales empresas del sector.

En contraste, desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) celebraron las medidas, argumentando que la mayor competencia y oferta se traducirán en precios más bajos para los consumidores. Analistas económicos también señalaron que estas disposiciones podrían liberar recursos al sector privado y mejorar el poder adquisitivo de las familias.

Estas medidas se enmarcan en la Decisión N° 8/21 del MERCOSUR, que permite a los países miembros aplicar aranceles reducidos para bienes tecnológicos hasta 2028. Además, forman parte de un régimen especial que beneficia a Tierra del Fuego, vigente desde hace más de 50 años y que se extenderá hasta 2053.

El impacto de estas medidas será monitoreado de cerca, ya que, aunque prometen beneficios para los consumidores, también plantean desafíos significativos para la industria local y el empleo en Tierra del Fuego.