La Cámara Federal de Casación Penal resolvió reabrir la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez, ocurrida en 2003 en el Regimiento de Monte 30 de Apóstoles, Misiones. El fallo, emitido por mayoría, establece que la muerte de personal militar en cuarteles debe ser investigada bajo la figura de violencia institucional, incluso si la hipótesis inicial es el suicidio. Esta decisión anula el rechazo previo a indagar a dos sospechosos y ordena avanzar en la determinación de responsabilidades penales, en respuesta al reclamo de la familia y organismos de derechos humanos.

Ramírez fue hallado muerto con un disparo de FAL en el pecho mientras hacía guardia. La investigación original, a cargo del Juzgado de Instrucción 4 de Apóstoles, fue criticada por irregularidades, pérdida de pruebas y falta de medidas para esclarecer los hechos. El tribunal consideró que el rechazo a indagar a los soldados Eduardo Brevel y Ovidio Almeida, quienes realizaron el cambio de guardia con Ramírez, fue arbitrario y no atendió a la gravedad del caso ni al derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.

El fallo cita jurisprudencia internacional, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y advierte sobre la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino si no se agotan todas las instancias para esclarecer lo ocurrido. Además, la resolución impacta en la coyuntura actual, marcada por recientes muertes de soldados en cuarteles, como la del soldado Gómez en la Quinta de Olivos. El tribunal subraya que el Estado tiene un deber ineludible de custodia sobre los soldados, quienes muchas veces enfrentan condiciones de precariedad y presión jerárquica.

La familia de Ramírez expresó su alivio y esperanza ante la reapertura del caso, mientras que el abogado querellante señaló que la demora en resolver también constituye violencia institucional. El fallo sienta un precedente que redefine la responsabilidad del Estado y la cadena de mando en casos de muertes dentro de las fuerzas armadas, exigiendo investigaciones exhaustivas y la protección efectiva de los derechos de los soldados.