La abogada argentina Agostina Páez continúa bajo prisión preventiva y monitoreo electrónico en Río de Janeiro, acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un restaurante. El caso, ocurrido el 14 de enero de 2026, ha generado un fuerte reclamo institucional en Argentina, donde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de Santiago del Estero solicitaron la intervención de la Cancillería para garantizar el pleno respeto de los derechos y garantías de la ciudadana argentina.

Según la investigación, Páez fue filmada realizando gestos ofensivos tras una discusión por el pago de la cuenta en un bar. La policía brasileña cerró la etapa investigativa el 23 de enero, considerando que existían pruebas suficientes, incluyendo testimonios y registros de cámaras de seguridad. La abogada reconoció que su reacción fue inapropiada, aunque intentó justificarla como respuesta a supuestas burlas del personal del local.

Las entidades argentinas consideran que las medidas cautelares impuestas por la justicia brasileña son "desproporcionadas" y vulneran derechos fundamentales, como el debido proceso y la igualdad ante la ley. En una nota dirigida al canciller Pablo Quirno, el presidente del Colegio Público de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra, pidió que se arbitren los mecanismos diplomáticos y consulares pertinentes para asegurar la asistencia adecuada a Páez y el respeto de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Por su parte, la defensa de Páez busca incorporar nuevas pruebas que podrían modificar el encuadre del caso, mientras la abogada expresó su deseo de regresar a la Argentina y denunció sentirse "usada de ejemplo" por las autoridades brasileñas. El caso se produce en un contexto de endurecimiento de la legislación brasileña sobre delitos raciales, con más de 5.200 causas abiertas actualmente, lo que explica la dureza social y judicial frente a este tipo de delitos.

El debate sobre la proporcionalidad de las medidas y el respeto a los derechos humanos continúa, mientras la Cancillería argentina evalúa los pasos a seguir para asistir a la ciudadana detenida en el exterior.