El caso de Marito Salto, el niño de 11 años asesinado en Quimilí, Santiago del Estero, en 2016, sigue generando polémica y reclamos de justicia. La investigación, que concluyó con la condena de siete personas por un supuesto ritual satánico, ha sido puesta en duda tras revelaciones sobre torturas policiales y manipulación de pruebas.

Marito desapareció el 31 de mayo de 2016 y su cuerpo fue hallado 40 horas después, desmembrado. La Justicia local, basándose en pruebas aportadas por el perito Marcos Herrero, determinó que el crimen fue parte de un ritual y condenó a dos personas a prisión perpetua. Sin embargo, Herrero fue posteriormente condenado por plantar pruebas en otras causas, lo que ha puesto en entredicho la validez de su intervención en el caso Salto.

Durante el juicio, varios testigos denunciaron haber sido forzados a declarar bajo amenazas y torturas por parte de la policía. "Me han hecho cambiar la declaración los policías cuando me han agarrao", relató uno de los testigos en el juicio oral. Otro testigo afirmó haber sido amenazado por un agente antes de declarar. A pesar de estas denuncias, el Ministerio Público Fiscal no investigó los hechos y, en cambio, procesó a los testigos por falso testimonio, lo que permitió mantener las condenas basadas en sus declaraciones iniciales.

Los condenados y sus defensores sostienen que son inocentes y que las pruebas fueron plantadas. El abogado Miguel Ángel Torres, defensor de uno de los principales condenados, denunció la falta de investigación sobre la actuación policial y la manipulación de pruebas. "Han condenado a inocentes, lo sabe todo Santiago", afirmó.

El caso ha generado un intenso debate sobre la actuación judicial y policial en Santiago del Estero, y expone graves falencias en la investigación de crímenes complejos. Mientras tanto, los recursos para revisar las condenas siguen pendientes, y los familiares de los condenados continúan reclamando justicia.