La provincia de Formosa eliminó la reelección indefinida para los cargos de gobernador y vicegobernador, pero la reforma constitucional aprobada por la Convención Constituyente incluyó una cláusula transitoria que habilita al actual mandatario, Gildo Insfrán, a presentarse nuevamente en las elecciones de 2027. Esta decisión, tomada tras un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en diciembre de 2024 declaró inconstitucional la reelección ilimitada, generó un intenso debate político y social en la provincia.

El nuevo texto del artículo 132 de la Constitución provincial establece que el gobernador y vicegobernador podrán ejercer sus funciones durante cuatro años y ser reelegidos o sucederse recíprocamente solo por un mandato consecutivo. Sin embargo, la cláusula transitoria considera el actual mandato de Insfrán como el primero bajo la nueva normativa, lo que en la práctica le permite aspirar a un nuevo período.

La oposición, que inicialmente impulsó la limitación de mandatos, votó en contra de la reforma debido a la inclusión de esta cláusula, argumentando que se trata de una maniobra para perpetuar a Insfrán en el poder. Varios convencionales opositores renunciaron a sus bancas en señal de protesta, denunciando irregularidades y calificando el proceso como "viciado" y "antidemocrático". La diputada Gabriela Neme y el senador Francisco Paoltroni, entre otros, expresaron públicamente su rechazo y anticiparon que recurrirán nuevamente a la Corte Suprema para impugnar la habilitación de Insfrán.

Por su parte, el oficialismo sostiene que la reforma alinea la Constitución provincial con la nacional y garantiza la periodicidad y alternancia en el poder, aunque reconoce que la transición permite una nueva postulación del actual gobernador. Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, podría así extender su mandato hasta 2031 si resulta reelecto.

El debate sobre la alternancia, la democracia y la concentración de poder en Formosa continúa abierto, con sectores opositores reclamando una mayor intervención judicial y federal para garantizar la transparencia y el respeto a los principios republicanos. Se prevé que la controversia llegue nuevamente a la Corte Suprema, mientras la provincia sigue bajo la mirada atenta de la opinión pública nacional.