El gremio de Empleados Judiciales de Mendoza aceptó este lunes la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial para el primer semestre de 2026, cerrando así la paritaria tras una segunda ronda de negociaciones. El acuerdo establece un incremento del 10% en dos tramos: un 7% en marzo y un 3% en mayo, ambos no acumulativos y calculados sobre la base salarial de diciembre de 2025.

Con esta aceptación, ya son siete los sectores de la administración pública provincial que han suscrito acuerdos salariales con el Ejecutivo, incluyendo a SUTE, Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General y Fiscalía de Estado. Sin embargo, la situación no está exenta de tensiones. El gremio de Empleados Judiciales, conducido por Ricardo Babillón, advirtió que si no se avanza en la confección del convenio colectivo de trabajo, podrían iniciarse medidas de fuerza a partir de fines de abril. "A partir de fines de abril, si no vemos encaminado lo del colectivo, va a empezar una lucha dura. Anticipamos que con aceptación o no de la paritaria, se viene un semestre duro", señalaron desde el sindicato.

Por su parte, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) solicitó formalmente la reapertura de paritarias, exigiendo igualdad de condiciones y transparencia en el proceso de negociación. "Entendemos imprescindible que se reanude el diálogo con esta entidad gremial y que dicho proceso se encuadre plenamente dentro de los procedimientos establecidos por la Ley 7759", expresó Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), otro de los gremios relevantes, aún no ha definido su postura y someterá la propuesta salarial a votación entre sus afiliados. El Gobierno provincial, por su parte, destaca los acuerdos alcanzados pero enfrenta la presión de los gremios que aún no han cerrado negociaciones.

El proceso paritario en Mendoza ha estado marcado por la fragmentación y la falta de una mesa de diálogo conjunta entre los distintos gremios, lo que ha dificultado la coordinación de estrategias y ha generado un clima de incertidumbre entre los trabajadores estatales. La negociación colectiva, regulada por la Ley 7759, sigue siendo el marco legal para canalizar los reclamos y propuestas de los sectores involucrados, en un contexto de persistente tensión y expectativa por parte de los gremios que aún buscan respuestas a sus demandas.