En una jornada de alta tensión política, el Senado de la Nación aprobó una serie de proyectos que representan un duro revés para el Gobierno de Javier Milei. Entre las iniciativas sancionadas se encuentran el aumento del 7,2% para los haberes jubilatorios, la actualización del bono mínimo a 110.000 pesos, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia nacional en discapacidad. Además, se avanzó con la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles a las provincias, una demanda histórica de los gobernadores.

El presidente Milei, a través de su jefe de Gabinete Guillermo Francos, confirmó que vetará todas las leyes aprobadas y, en caso de que el Congreso insista, recurrirá a la Justicia. "El Gobierno va a vetar estos proyectos porque no tienen indicado cómo se financian y por la ley de administración financiera eso no es legal", explicó Francos en declaraciones radiales. Milei, por su parte, acusó a los gobernadores de querer "destruir al Gobierno" y calificó de "traidora" a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de un clima de fuertes cruces internos y externos.

La sesión en la Cámara Alta estuvo marcada por incidentes, como la caída del sistema de votación y la retirada de senadores oficialistas, que cuestionaron la validez de la convocatoria. Sin embargo, la oposición logró el quórum y la mayoría necesaria para aprobar los proyectos, con el respaldo de los gobernadores y bloques provinciales. "Es un trabajo conjunto que iniciamos hace tiempo entre todos, tratando de recuperar recursos", celebró el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Desde el oficialismo, se argumenta que las leyes aprobadas ponen en riesgo el superávit fiscal y carecen de financiamiento claro. La oposición, en cambio, sostiene que las medidas son constitucionales y responden a demandas sociales y provinciales postergadas. El debate sobre el federalismo y la distribución de recursos quedó en el centro de la escena, mientras el Gobierno busca convencer a un tercio del Congreso para sostener el veto y evitar la judicialización.

El desenlace de este conflicto marcará el rumbo de la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y las provincias en los próximos meses, en un contexto de creciente polarización política y desafíos económicos.