La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de reglamento que establece límites y condiciones para el uso de inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial bonaerense. La iniciativa, que marca un precedente en la Justicia argentina, busca ordenar el desarrollo y la utilización de sistemas de IA, garantizando que la función jurisdiccional siga siendo indelegable e insustituible por parte de los jueces y funcionarios.

El reglamento, actualmente en etapa de consulta pública hasta el 7 de agosto, prohíbe expresamente que la IA tome decisiones judiciales, valore pruebas o fundamente sentencias. "Bajo ninguna circunstancia se podrá delegar en una IA la toma de decisiones judiciales que impliquen la resolución del proceso o procedimiento administrativo, la valoración de pruebas o la construcción del razonamiento jurídico que fundamenta una resolución o sentencia", señala el texto aprobado por la Corte.

Para supervisar la implementación, se crea una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, integrada por las Secretarías de Planificación, Tecnología Informática y Servicios Jurisdiccionales. Esta comisión tendrá la responsabilidad de proponer protocolos, evaluar herramientas, impulsar pruebas piloto, monitorear resultados y elaborar informes periódicos.

El reglamento distingue entre sistemas de bajo riesgo, como tareas administrativas, y de alto riesgo, como la asistencia en funciones críticas. Los primeros estarán sujetos a auditorías anuales, mientras que los segundos requerirán auditorías semestrales y un Análisis de Impacto Algorítmico previo a su implementación. Además, se exige que los operadores judiciales informen detalladamente el uso de IA en los expedientes, especificando el sistema, modelo y partes del documento generadas con asistencia tecnológica.

La protección de datos personales es otro eje central del proyecto, que remite a la Ley 25.326 y prohíbe el uso de chatbots gratuitos para tratar información judicial sensible. También se prohíbe la generación de prueba sintética, la elaboración de informes periciales sin peritos habilitados y el uso de sistemas predictivos de reincidencia con efectos vinculantes sobre decisiones de libertad o prisión preventiva.

El proceso de consulta pública permite que magistrados, abogados, académicos y la sociedad civil presenten observaciones y sugerencias. Una vez finalizada esta etapa, la Comisión deberá analizar los aportes y elevar un informe a la Suprema Corte antes del 31 de agosto. Hasta la aprobación definitiva, el reglamento tendrá carácter orientador y no vinculante.

Esta iniciativa es considerada pionera en el país y la región, y busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de derechos fundamentales y la transparencia en la administración de justicia.