Argentina está a punto de convertirse en el primer país en ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, tras la aprobación por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. El tratado, firmado en enero de 2026 en Asunción luego de 25 años de negociaciones, fue respaldado por 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, y ahora pasa al Senado para su votación definitiva.

El acuerdo prevé la eliminación gradual de aranceles para más del 90% del comercio bilateral entre los dos bloques, que en conjunto representan 31 países y 720 millones de personas. El sector agropecuario argentino, altamente competitivo, se perfila como uno de los principales beneficiados, con expectativas de aumentar exportaciones de productos como carne, soja, azúcar y biodiésel. A su vez, la industria local expresa preocupación por la competencia de bienes manufacturados europeos, como maquinaria, vehículos y productos farmacéuticos, aunque la reducción de aranceles será paulatina para permitir la adaptación.

El oficialismo y parte de la oposición defendieron el acuerdo como una política de Estado que trasciende gobiernos, mientras que la izquierda y sectores del kirchnerismo lo rechazaron por considerar que profundiza la primarización de la economía y pone en riesgo el empleo industrial. La diputada oficialista Juliana Santillán sostuvo: “Argentina eligió la apertura, la competencia, la integración al mundo”, mientras que Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, denunció el tratado como “colonial” y advirtió sobre la destrucción de la industria nacional.

El acuerdo, que también está siendo considerado por los parlamentos de Brasil, Paraguay y Uruguay, enfrenta un panorama más incierto en Europa, donde el Parlamento Europeo ha solicitado una revisión judicial y ha aprobado cláusulas de salvaguarda para proteger a los agricultores locales. Analistas destacan que, para que los beneficios del tratado se materialicen, será clave mejorar la infraestructura logística y la eficiencia aduanera en la región.

La ratificación definitiva por parte del Senado argentino podría concretarse antes de fin de mes, posicionando al país como pionero en la implementación de este acuerdo, cuyo impacto económico y social será motivo de debate en los próximos años.