El Gobierno nacional reglamentó el Seguro de Cese Laboral, una alternativa voluntaria al tradicional sistema de indemnización por despido, a través de la Resolución 347/2025 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, permite que empresas y empleados acuerden reemplazar el régimen de indemnización por antigüedad por un seguro gestionado por compañías habilitadas, en el marco de los convenios colectivos de trabajo.

El nuevo sistema, contemplado en la Ley Bases, funcionará mediante aportes mensuales del empleador a cuentas individuales a nombre de cada trabajador, con la posibilidad de que el empleado realice aportes voluntarios. Los fondos acumulados serán administrados por aseguradoras y solo podrán ser retirados en caso de desvinculación laboral bajo las causales estipuladas en la póliza y el convenio colectivo correspondiente. Además, la normativa habilita a las aseguradoras a invertir estos fondos para generar rendimientos, aunque el acceso a los mismos estará restringido hasta el momento del cese laboral.

Desde el Gobierno y el sector asegurador se destaca que la medida busca modernizar el régimen de desvinculación laboral, aportar previsibilidad y canalizar ahorros hacia el sistema financiero. Irene Capusselli, presidenta de la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro de Argentina (Avira), afirmó que el seguro "facilita la resolución de la relación laboral de manera sencilla y clara, incentivando la formalización del empleo".

Sin embargo, la implementación del seguro ha generado críticas de sectores sindicales y de la oposición. El diputado Christian Castillo (PTS – Frente de Izquierda) advirtió que "la indemnización tiene una función de protección y ahora la quieren arrebatar", señalando que el nuevo esquema podría debilitar la protección ante despidos y favorecer a las aseguradoras. Analistas también cuestionan la falta de una solución estructural y advierten sobre la presión que podría ejercerse sobre los trabajadores para adherir al sistema.

El contexto económico, marcado por el aumento del desempleo y la conflictividad laboral, agrava el debate en torno a la reforma. Se anticipan movilizaciones sindicales en rechazo a la medida, mientras el Gobierno sostiene que la adhesión al seguro será voluntaria y dependerá de la negociación en cada convenio colectivo. El futuro de la protección laboral en Argentina queda así sujeto a la evolución de estas reformas y a la respuesta de los actores sociales involucrados.