Naranja Mandarina, una micropyme textil con sede en Junín y dedicada a la fabricación y venta de ropa infantil, atraviesa una crisis sin precedentes tras un fallo judicial que la condena a pagar una suma de $190 millones a un exdistribuidor, considerado por la Justicia como empleado en relación de dependencia. La situación se agravó con un embargo de $330 millones, que ha paralizado completamente las operaciones de la empresa y la deja al borde de la quiebra.

El conflicto se originó en 2021/2022, cuando la empresa decidió finalizar la relación comercial con un distribuidor. Este último, alegando despido y vínculo laboral, presentó una demanda en el fuero laboral. El Tribunal de Trabajo de Junín falló a favor del demandante, aplicando el antecedente conocido como “fallo Barrios”, que permite la actualización de indemnizaciones laborales por el Índice de Precios al Consumidor y la imposición de intereses. Así, la condena inicial de $14 millones se multiplicó hasta alcanzar los $190 millones.

La propietaria mayoritaria, Mariana Cademartori, explicó que el embargo judicial bloqueó todas las cuentas de la empresa, impidiendo el pago de sueldos, proveedores e impuestos, y forzando la suspensión de la próxima temporada. “El giro comercial está roto. No podés cobrar, no podés pagar a proveedores ni a empleados, ni impuestos. Todos los cheques te vuelven”, relató Cademartori, quien además advirtió que si la Suprema Corte bonaerense no resuelve el recurso presentado antes de la feria judicial de enero, la quiebra será inevitable.

El caso de Naranja Mandarina ha reavivado el debate sobre la litigiosidad laboral en Argentina y el impacto de sentencias millonarias en pequeñas y medianas empresas. Los empresarios sostienen que la aplicación de doctrinas como el fallo Barrios y la presión judicial pueden llevar al cierre de pymes que no cuentan con el capital necesario para afrontar indemnizaciones de tal magnitud. “Nuestra esperanza está puesta en que la Corte resuelva este absurdo, que la justicia laboral entienda que estamos hablando de una micropyme, no de un gran corporativo”, concluyó Cademartori.

En este contexto, el Gobierno nacional planea enviar al Congreso un proyecto de reforma laboral, mientras el sector pyme advierte sobre la necesidad de revisar el sistema judicial para evitar que la “industria del juicio” continúe afectando la continuidad de pequeñas empresas en el país.