La crisis por el fentanilo contaminado en Argentina ha dejado al menos 96 muertes y expuesto graves deficiencias en el sistema de control de medicamentos. Documentos internos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) revelan que el organismo detectó irregularidades críticas en Laboratorios Ramallo y HLB Pharma entre noviembre y diciembre de 2024. Sin embargo, la suspensión formal de la producción llegó recién el 10 de febrero de 2025, permitiendo que lotes inseguros fueran distribuidos y aplicados en hospitales de todo el país.

Las inspecciones realizadas por ANMAT identificaron fallas en la validación de procesos, documentación, control de calidad y gestión de recursos humanos. A pesar de la gravedad de las observaciones, la producción continuó y los lotes de fentanilo contaminado salieron al mercado en enero de 2025. El primer alerta oficial sobre el fentanilo llegó el 8 de mayo, meses después de los primeros casos fatales, y la inhibición de los laboratorios se comunicó el 13 de mayo.

La investigación judicial, encabezada por el juez Ernesto Kreplak, analiza más de 100 expedientes y ha imputado a 24 personas, incluyendo a Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios. El magistrado ha ordenado allanamientos y revisa manualmente los remitos hospitalarios para reconstruir la trazabilidad de las ampollas contaminadas. Se detectaron bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia picketti en las muestras, confirmando la contaminación en origen.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, junto a familiares de víctimas, se presentó como querellante en la causa, exigiendo explicaciones y acciones concretas. Los afectados conformaron el grupo Fentanilo Rosario, que representa a 15 familias. La abogada Adriana Francese denunció precariedad en la fabricación y registros confusos en los lotes distribuidos.

El caso ha generado críticas hacia la ANMAT por la demora en la clausura de los laboratorios y la falta de retiro preventivo de los lotes. El organismo enfrenta cuestionamientos por recortes presupuestarios, despidos y reducción de inspecciones presenciales, lo que habría debilitado su capacidad de control.

Paralelamente, la Justicia investiga si parte de la producción pudo haber sido desviada al mercado negro y si hubo sabotaje, aunque la evidencia apunta a fallas internas en los laboratorios. Legisladores de distintos bloques reclaman la creación de una comisión investigadora en el Congreso para acelerar la pesquisa y revisar la actuación de la ANMAT en los últimos años.

La magnitud de la tragedia coloca al caso del fentanilo contaminado entre los episodios más graves de la historia sanitaria argentina, evidenciando la necesidad de fortalecer los controles y la transparencia institucional para evitar futuras crisis.