Una empleada judicial de Río Negro, identificada como Paula P., fue exonerada de su cargo tras una investigación que reveló serias irregularidades en su desempeño laboral. Según los informes, entre 2019 y 2023, Paula P. acumuló más de 400 días de licencia utilizando certificados médicos y permisos extraordinarios. Durante este período, trabajó simultáneamente en otros dos organismos públicos: la Municipalidad de San Martín de los Andes y la Obra Social de Petroleros Privados.

La investigación, iniciada en mayo de 2024 por el coordinador de Recursos Humanos de la Procuración General, Esteban Aliani, reveló que Paula P. se había mudado a Neuquén durante la pandemia, pero continuó cobrando su salario como empleada judicial de Río Negro. Los datos obtenidos de la AFIP y ANSES confirmaron que la empleada tenía tres trabajos en simultáneo, lo que constituye una violación a la Ley Orgánica 5731 y a la Ley de Ética Pública L3550.

En su defensa, Paula P. alegó desconocimiento de las normativas y problemas personales, incluyendo dificultades económicas y de salud. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro consideró que su conducta socavaba los principios fundamentales de la función pública, como la honestidad y la transparencia. El 12 de febrero de 2025, el Tribunal dictó su exoneración definitiva.

Además, el caso fue remitido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para evaluar si corresponde iniciar una causa penal por un posible daño económico al Estado. Los salarios percibidos durante sus extensas ausencias podrían ser considerados un perjuicio económico significativo.

Este caso ha generado un debate sobre la eficacia de los sistemas de control en la administración pública y la necesidad de reforzar las normativas para evitar incompatibilidades laborales. Expertos en ética pública han señalado que este tipo de conductas no solo afectan la credibilidad del sistema judicial, sino que también representan un uso indebido de los recursos públicos. La Fiscalía deberá determinar si se tomarán acciones legales adicionales para recuperar los fondos públicos afectados.