En Argentina, la crisis en el sector de la discapacidad ha alcanzado niveles alarmantes, llevando a movilizaciones masivas en ciudades como Rosario, Santa Fe y Buenos Aires. Familias, profesionales y transportistas se han unido para exigir la declaración de una emergencia en discapacidad, denunciando la falta de actualización de aranceles y recortes presupuestarios que han dejado al sector al borde del colapso.

Las protestas, que incluyeron testimonios conmovedores de familias afectadas, se centraron en la necesidad de una ley que regule pagos, actualice aranceles y fortalezca la Agencia Nacional de Discapacidad. "Queremos que no se recorten derechos ganados", expresó una manifestante en Rosario, donde la plaza San Martín se convirtió en el epicentro de las demandas.

El proyecto de ley en debate en la Cámara de Diputados busca declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027. Entre sus propuestas se incluyen la regularización de pagos, la actualización de aranceles y la implementación de medidas para evitar el cierre de centros especializados. Sin embargo, el Gobierno ha adelantado que vetará la ley en caso de ser aprobada, argumentando restricciones presupuestarias.

La situación se ha agravado desde diciembre de 2023, cuando los aranceles dejaron de actualizarse, generando un desfasaje del 70% en los costos, según denuncias de prestadores. Además, la Agencia Nacional de Discapacidad ha iniciado auditorías que han resultado en la suspensión de más de 2,000 pensiones, lo que ha sido calificado como "arbitrario" por organizaciones civiles.

El impacto de esta crisis es profundo. Muchas familias no pueden costear terapias esenciales, mientras que profesionales y transportistas han dejado de prestar servicios debido a la falta de pagos. "Es inviable sostener los servicios destinados a las personas con discapacidad", señaló el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este contexto, las movilizaciones han servido para visibilizar una problemática que afecta a miles de personas en todo el país. La incertidumbre persiste, mientras el Congreso debate una ley que podría marcar un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad.