La inauguración del auditorio evangélico más grande de Argentina, en Resistencia, Chaco, ha quedado envuelta en la polémica tras la apertura de una investigación judicial por presunto lavado de dinero. El pastor Jorge Ledesma, líder de la Iglesia Portal del Cielo, aseguró que parte de los fondos para la construcción del templo, valuado en unos 50 millones de dólares, provino de un "milagro": la conversión de 100.000 pesos en 100.000 dólares, según relató su hijo en declaraciones radiales.

La fiscalía federal, encabezada por Patricio Sabadini, solicitó informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y documentación bancaria para esclarecer el origen de los fondos. "Lo que buscan es evitar que se normalice justificar el crecimiento patrimonial con milagros", señalaron fuentes judiciales. El caso quedó a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.

El presidente Javier Milei participó en la inauguración del templo, en el marco del Congreso Mundial “Invasión del Amor de Dios”, y fue declarado Huésped de Honor por el gobernador Leandro Zdero. Milei utilizó el púlpito para convocar a una "batalla cultural" y promover ideas libertarias, lo que generó críticas de algunos referentes evangélicos por el uso político del espacio religioso.

Especialistas en temas fiscales, consultados por Infobae, explicaron que la explicación del "milagro" carece de validez ante el fisco. "No tiene ninguna defensa ante una fiscalización de ARCA. Tienen que demostrar el origen de los dólares. Y el milagro no existe", afirmó el tributarista Sebastián Domínguez. Si no se justifica el origen, el fisco podría aplicar sanciones económicas e incluso avanzar con una denuncia penal si se presume dolo.

El caso ha generado debate sobre la relación entre política y religión, así como sobre la transparencia en el financiamiento de grandes obras religiosas. Mientras tanto, la comunidad evangélica se divide entre quienes defienden la versión de Ledesma y quienes critican el uso de argumentos sobrenaturales para justificar el patrimonio. El desenlace judicial y fiscal de la causa podría sentar un precedente sobre la rendición de cuentas en entidades religiosas en Argentina.