El Gobierno nacional oficializó el traspaso de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa a empresas privadas, en el marco de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Desde el 1 de julio, los corredores estratégicos, que incluyen las rutas nacionales 3, 205, 226 y las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, pasaron a ser gestionados por los consorcios Rutas Sur Atlántico y Corredor Vial 5 S.A.U.

El nuevo esquema implica que la operación, administración y mantenimiento de estas vías estarán a cargo exclusivo de las empresas adjudicatarias, sin subsidios ni aportes estatales. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que este modelo "promueve una gestión más eficiente de la infraestructura vial, orientada a brindar mejores condiciones de circulación para los usuarios". Los contratos de concesión tendrán una duración de 20 años y contemplan inversiones privadas para obras de bacheo, reparación de banquinas, señalización y modernización de los sistemas de peaje.

Entre las novedades para los usuarios, se destaca la implementación de peajes electrónicos, eliminando el pago en efectivo y permitiendo abonar mediante TelePASE, tarjetas y billeteras virtuales. Las tarifas seguirán siendo fijadas por el Estado nacional y se actualizarán trimestralmente de acuerdo a la inflación. Las primeras obras se centrarán en sectores prioritarios de las rutas nacionales 205, 226 y 3, con intervenciones en más de 400 kilómetros.

El traspaso busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en corredores que concentran un alto volumen de tránsito, conectando áreas metropolitanas, zonas productivas y destinos turísticos. Vialidad Nacional supervisará el cumplimiento de los estándares de servicio y las condiciones de transitabilidad exigidas en los contratos.

El proceso forma parte de una política más amplia de concesiones viales, que continuará con nuevas licitaciones en otras provincias. El Gobierno sostiene que la participación privada permitirá mayor eficiencia y mejores servicios, mientras que usuarios y transportistas observan con atención los cambios en la gestión y el impacto en los costos de traslado.