El sistema sanitario argentino enfrenta una crisis sin precedentes debido a la contaminación de lotes de fentanilo, un opioide de uso clínico. Hasta ahora, se han confirmado 34 muertes y más de 69 casos sospechosos de infecciones hospitalarias relacionadas con los lotes 31202, 31244 y 31200, fabricados por el laboratorio HLB Pharma Group S.A. en condiciones deficientes.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ha ordenado medidas urgentes para localizar y retirar los lotes contaminados. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Policía Federal Argentina están trabajando en conjunto para inspeccionar droguerías y hospitales, inmovilizar los lotes y evitar más víctimas. "Es una crisis sanitaria que requiere acciones inmediatas", declaró el infectólogo Hugo Pizzi.

Los lotes están contaminados con bacterias peligrosas como Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, que pueden causar neumonía, sepsis y otras infecciones graves. Estas bacterias no son comunes en entornos hospitalarios y presentan alta resistencia a los antibióticos, complicando su tratamiento.

El brote comenzó en abril y se intensificó en mayo, con el primer caso registrado en el Hospital Italiano de La Plata, donde fallecieron 15 personas. Desde entonces, la crisis se ha extendido a hospitales en Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fentanilo es un medicamento esencial en anestesia y cuidados paliativos, pero su producción y distribución deben cumplir estrictos estándares de calidad. Los lotes contaminados fueron fabricados en condiciones deficientes, lo que ha generado cuestionamientos sobre la fiscalización de medicamentos en Argentina.

La ANMAT ha prohibido el uso de los lotes contaminados y está investigando otros posibles casos. "Debemos ser más minuciosos e inmediatamente sacar de circulación todo esto", urgió Pizzi. Mientras tanto, el Gobierno evalúa desregulaciones en la ANMAT y otros organismos, lo que ha generado preocupación entre expertos y la sociedad.

La crisis expone fallas en los controles de calidad y plantea interrogantes sobre la seguridad de los medicamentos en el país. Las autoridades sanitarias y judiciales continúan trabajando para contener la situación y evitar más víctimas.