En un hecho sin precedentes durante la gestión de Javier Milei, los 24 gobernadores de Argentina, sin distinción partidaria, se unieron para impulsar un proyecto de ley que exige la eliminación de fondos fiduciarios financiados por el impuesto a los combustibles y la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre la Nación y las provincias. La iniciativa, surgida tras dos reuniones en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), busca aliviar la crítica situación financiera de las provincias, que denuncian una pérdida de $30 billones en recursos desde noviembre de 2023.

El reclamo de los mandatarios provinciales apunta a que la redistribución de estos fondos no compromete el superávit fiscal nacional, argumento central del Gobierno de Milei para rechazar la propuesta. "Los gobernadores han hecho una propuesta que no tenemos posibilidades de aceptar en aras del equilibrio fiscal", afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien, no obstante, dejó abierta la puerta a una posible negociación alternativa.

La falta de respuestas concretas por parte del Ejecutivo nacional ha generado una inédita unidad entre gobernadores tradicionalmente aliados y opositores, quienes consideran que la situación financiera de sus distritos es insostenible. "Todos estamos peor que antes", resumió un gobernador durante los encuentros en el CFI. La preocupación se extiende a la paralización de obras públicas y al deterioro de servicios esenciales, agravando el malestar social en el interior del país.

El proyecto de ley, que será presentado en el Senado, propone eliminar los fondos fiduciarios de Infraestructura del Transporte e Infraestructura Hídrica, y coparticipar automáticamente los ATN según los coeficientes federales. Mientras algunos gobernadores abogan por agotar las instancias de negociación, otros consideran necesario tensar el conflicto para obtener respuestas.

Desde la Casa Rosada, la respuesta ha sido tajante: ceder a las demandas provinciales pondría en riesgo el plan de ajuste fiscal y la estabilidad económica. El presidente Milei ha acusado a las provincias de no realizar los ajustes necesarios y de buscar recursos adicionales sin comprometerse con la reducción del gasto público.

El conflicto, que se desarrolla en vísperas de la campaña electoral y en medio de debates sobre la reforma tributaria y el Pacto de Mayo, pone en duda la gobernabilidad y la relación entre Nación y provincias. La resolución de este enfrentamiento será clave para el futuro político y económico del país.