Un caso de conflicto familiar en La Plata ha generado conmoción y debate sobre la protección de menores en situaciones de violencia. El pasado 11 de abril, en la Escuela N°18 de Gonnet, un niño de 9 años fue llevado por la fuerza por su padre, Ezequiel César M., quien tenía una orden de restricción perimetral debido a antecedentes de violencia de género. El hecho ocurrió en medio de forcejeos y gritos desgarradores del menor, quien pedía ayuda a su madre.

La madre del niño, Dyana Sagari, denunció que el padre actuó fuera del régimen de visitas establecido y que el colegio no intervino para evitar el incidente. Según su relato, el padre se presentó en la escuela y, a pesar de la resistencia del personal educativo y del propio niño, logró llevárselo. "¡Ayudame, mamá!", gritaba el menor mientras era llevado por la fuerza.

Durante la semana que siguió al incidente, la madre buscó desesperadamente a su hijo. Las casas del padre y de los abuelos paternos, ubicadas en Altos de San Lorenzo, estaban vacías, según vecinos. La madre expresó su temor de que el padre intentara sacar al niño del país, ya que tiene familiares en Perú. La Fiscalía N°16 caratuló el caso como "averiguación de paradero" y activó un alerta.

Finalmente, el menor fue encontrado sano y salvo cuando el padre se presentó voluntariamente en la DDI de La Plata. Sin embargo, el caso ha dejado muchas preguntas sin responder. La madre acusa al colegio y a las autoridades judiciales de no actuar a tiempo para proteger al niño. "Si la Justicia hubiera escuchado a mis hijos, esto no habría pasado", declaró Sagari, visiblemente afectada.

Este caso ha reabierto el debate sobre la efectividad de las medidas de protección en casos de violencia familiar. Organizaciones de derechos de la infancia han señalado la necesidad de revisar los protocolos de actuación para garantizar la seguridad de los menores. Por su parte, el padre ha calificado las acusaciones como "denuncias falsas".

El incidente pone en evidencia las fallas en la implementación de medidas judiciales y en la protección de menores en situaciones de riesgo. La comunidad local ha expresado su indignación y ha pedido que se tomen medidas para evitar que casos como este se repitan en el futuro.