El Senado argentino se prepara para una sesión clave la próxima semana, en la que se debatirán proyectos centrales para la agenda legislativa del oficialismo. La Libertad Avanza, encabezada por Patricia Bullrich, busca alcanzar acuerdos con bloques opositores para tratar la reforma de la ley de propiedad privada, la denominada Ley Hojarasca y la aprobación de una treintena de pliegos judiciales.

La discusión sobre la propiedad privada incluye cambios sustanciales respecto a la propuesta original del Gobierno. Según fuentes parlamentarias, se mantuvieron restricciones para que empresas extranjeras adquieran tierras rurales y se exige el aval de provincias, el Gobierno y el Congreso para operaciones en zonas fronterizas. Además, el proyecto establece un mecanismo de desalojo exprés para propiedades ocupadas ilegalmente, otorgando solo tres días para desocupar el inmueble, mientras que los inquilinos morosos tendrán un plazo de diez días hábiles.

La iniciativa también contempla reformas en materia de expropiaciones y manejo del fuego. Se mantiene la prohibición de cambiar el uso de bosques nativos incendiados por 60 años, aunque se flexibiliza el destino de tierras rurales. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsó estos cambios, que fueron modificados tras el debate parlamentario.

En paralelo, la Ley Hojarasca propone derogar unas 70 leyes consideradas obsoletas, entre ellas normas que limitaban la libertad personal en reuniones públicas y regulaciones sobre contenidos turísticos en medios de comunicación. "Representa una violación flagrante de la libertad personal", señalaron fuentes legislativas sobre una de las leyes a eliminar.

La sesión incluirá la votación de pliegos judiciales, destacándose la prórroga del mandato del camarista Víctor Pesino y el nombramiento de Juan Rodriguez Ponte para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá a su cargo causas de alto perfil.

El debate se produce en un contexto de tensiones internas en el oficialismo, evidenciadas por las diferencias entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre la fecha de la sesión. El resultado de estas discusiones podría marcar el ritmo legislativo de las próximas semanas y sentar precedentes en materia de propiedad y modernización legal.