La Cámara Federal de San Martín ordenó este martes la excarcelación de la concejala kirchnerista Eva Mieri, quien permanecía detenida desde el 2 de julio por el escrache frente a la casa del diputado José Luis Espert en Quilmes. La decisión fue tomada por los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral, quienes consideraron que no existían riesgos procesales que justificaran la continuidad de la detención.

Mieri había sido arrestada por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, acusada de tirar estiércol frente a la vivienda de Espert, junto a la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar y otros militantes peronistas. La Cámara también dispuso reducir la caución impuesta a Abaigar, bajando el monto de 30 millones a 2 millones de pesos, tras considerar excesiva la garantía exigida por la magistrada.

En su fallo, los camaristas remarcaron que Mieri enfrenta cargos por atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas e incitación al odio político, entre otros delitos. Sin embargo, destacaron que la acusada tiene residencia fija, trabajo verificado y carece de antecedentes penales, lo que reduce el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Además, señalaron que no existen pruebas técnicas suficientes sobre el supuesto vaciado de su teléfono celular, como había argumentado la jueza Arroyo Salgado.

La decisión judicial fue celebrada por dirigentes kirchneristas, entre ellos la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien denunció la "prisión ilegal" de Mieri y cuestionó la actuación de la jueza y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mendoza sostuvo que la detención respondía a una persecución política y reclamó la liberación de la concejala.

El caso se inscribe en un contexto de alta polarización política y debate sobre el uso de la prisión preventiva en causas vinculadas a la militancia. La excarcelación de Mieri reavivó la discusión sobre la independencia judicial y el trato a opositores, mientras el escrache a Espert se suma a otros episodios de tensión en el escenario político argentino. La Cámara Federal instó a la jueza de grado a fijar una caución razonable y ponderar las condiciones particulares del caso.