La detención de Jorge Castillo, conocido como "El Rey de La Salada", ha sacudido el panorama judicial y económico de Argentina. En un operativo de gran escala, la Policía Federal llevó a cabo 62 allanamientos simultáneos que resultaron en la captura de Castillo y otras 17 personas, incluyendo a su esposa, su suegra y su hijo Manuel, quien se entregó posteriormente. La operación, liderada por la fiscal Cecilia Incardona y ordenada por el juez Luis Armella, buscó desarticular una red de lavado de dinero y evasión fiscal vinculada a la feria más grande de Latinoamérica.

La investigación, que comenzó en 2023, reveló un entramado de 89 sociedades comerciales y más de $34.000 millones en movimientos bancarizados. Entre los bienes incautados se encuentran 41 vehículos de alta gama, propiedades en zonas exclusivas como Palermo y Recoleta, y maquinaria agrícola. Además, se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo, incluyendo pesos, dólares, euros y reales, junto con máquinas para contar billetes.

La feria La Salada, ubicada en Lomas de Zamora, generaba ingresos millonarios diarios a través del alquiler de puestos y actividades conexas. Según las autoridades, el dinero era blanqueado mediante empresas pantalla y cuentas bancarias. La feria Punta Mogote, una de las principales del conglomerado, movió más de $26.000 millones entre 2021 y 2025. Los ingresos no bancarizados eran transportados en efectivo a la residencia de Castillo en Luján.

Jorge Castillo, quien ya había enfrentado problemas legales en el pasado, es una figura controvertida. Su estilo de vida ostentoso, que incluía viajes a destinos exóticos y una flota de vehículos de lujo, contrasta con las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero. La feria La Salada ha sido señalada como un "emblema mundial del comercio ilegal" por la Unión Europea, y su existencia ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional.

El caso ha generado diversas reacciones. Las autoridades destacan el impacto de la operación en la lucha contra el crimen organizado, mientras que los feriantes locales enfrentan incertidumbre sobre el futuro de sus actividades. Analistas señalan que este caso podría sentar un precedente en la persecución de delitos económicos en Argentina. Sin embargo, también ha reavivado el debate sobre la impunidad y la corrupción en el país.

Con la detención de Castillo y el avance de la investigación, se espera que el caso tenga implicaciones significativas tanto en el ámbito judicial como en el económico. La desarticulación de esta red podría marcar un antes y un después en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal en Argentina.