La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en el centro de una investigación judicial de gran magnitud por el presunto desvío y lavado de fondos provenientes de partidos internacionales de la Selección Argentina. El empresario Guillermo Tofoni, agente FIFA y CEO de World Eleven, presentó ante la Justicia un pedido de embargo preventivo sobre el 30% de los ingresos globales de la AFA por los amistosos de la selección mayor, alegando incumplimiento de un contrato firmado en 2021 que le otorgaba ese porcentaje de las ganancias netas.

La disputa legal se intensificó luego de que Tofoni aportara pruebas periciales que, según la Justicia, validan la autenticidad de las firmas de los directivos de la AFA en el contrato. Sin embargo, la AFA cuestionó la validez de la pericia y solicitó su nulidad, argumentando que se realizó sobre fotocopias y sin estudios técnicos sobre los materiales.

Paralelamente, la empresa TourProdEnter LLC, dirigida por Javier Faroni y Erica Gillette, es señalada como la principal intermediaria en el manejo de fondos internacionales de la AFA. Se investiga si parte de los ingresos por partidos y acuerdos comerciales fue desviada a sociedades extranjeras presuntamente fantasma, con estimaciones de hasta 300-400 millones de dólares involucrados. Parte de estos fondos habrían sido utilizados para gastos personales de directivos, como el alquiler de yates y la adquisición de propiedades.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, solicitó a otros tribunales que le remitan todas las causas vinculadas al manejo de fondos de la AFA en el exterior, con el objetivo de unificar la investigación y evitar duplicidad de procesos. Esta medida generó un debate sobre la competencia judicial y las posibles implicancias políticas, ya que la causa involucra a figuras relevantes del fútbol y la dirigencia argentina.

La Inspección General de Justicia también intervino, solicitando la auditoría de las operaciones financieras de la AFA y la presentación de balances contables atrasados. Mientras tanto, la resolución sobre el embargo solicitado por Tofoni y la definición de la jurisdicción judicial serán claves para el futuro de la investigación y el manejo institucional de la AFA.