Argentina enfrenta la inminencia de una nueva ola de frío extremo, prevista para las próximas dos semanas, en un contexto de alta preocupación por la capacidad del sistema energético para responder a la demanda. Tras los cortes de gas que afectaron incluso a hogares y empresas con contratos firmes durante la primera semana de julio, el sector energético y las autoridades nacionales han intensificado el monitoreo y la planificación para evitar que se repita una crisis similar.

Según fuentes del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), aunque se espera un descenso de temperaturas, las previsiones indican que el consumo de gas no alcanzaría los niveles récord de 100 millones de metros cúbicos diarios registrados recientemente. Las medidas preventivas incluyen la importación de gas natural licuado (GNL), el uso de combustibles líquidos en el sistema eléctrico y cortes programados a contratos interrumpibles, como los de estaciones de GNC. Además, se busca maximizar la capacidad del line pack para asegurar el suministro a usuarios prioritarios, como hogares, hospitales y escuelas.

El antecedente inmediato mostró la vulnerabilidad del sistema: fallas técnicas en yacimientos de Vaca Muerta, demoras en la conformación del Comité de Emergencia y falta de coordinación entre organismos estatales contribuyeron a una crisis que obligó a cortar exportaciones de gas a Chile y a priorizar el abastecimiento interno. "No es infalible la producción local, hay que tener plan B", advirtió un ejecutivo del sector, mientras que exfuncionarios señalaron que una mejor anticipación podría haber mitigado el impacto.

El frío extremo también tuvo consecuencias sociales severas: aumento de enfermedades respiratorias, suspensión de clases, dificultades para calefaccionar viviendas y muertes por hipotermia y monóxido de carbono. Organizaciones sociales y medios subrayan la necesidad de reforzar la protección a los sectores más vulnerables y de avanzar hacia una transición energética que garantice el acceso y la seguridad.

En paralelo, el fallo judicial en Estados Unidos que ordena la entrega del 51% de YPF añade incertidumbre sobre el futuro del sector energético argentino, en un momento en que la infraestructura y la gestión estatal son objeto de debate. El desafío inmediato es evitar nuevos colapsos y asegurar que la energía llegue a todos los hogares durante el invierno más riguroso en décadas.