El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para implementar el mecanismo de "shutdown" en la administración nacional, inspirado en el modelo estadounidense. Esta iniciativa permitiría suspender funciones estatales no esenciales si el Congreso no aprueba el Presupuesto, una medida que busca limitar el gasto público y presionar a los legisladores para alcanzar acuerdos presupuestarios.

En una entrevista, Milei explicó que, de agotarse el Presupuesto sin una ampliación aprobada, "se apaga el Estado" y solo continuarían operando los servicios esenciales, como seguridad, recaudación de impuestos y emergencias. "Solo va a afectar al gasto político", afirmó el presidente, aunque especialistas advierten que la definición de este concepto es ambigua y podría tener un alcance mayor.

El shutdown es una herramienta utilizada en Estados Unidos desde 1977, donde ha ocurrido más de 20 veces. Durante estos cierres, empleados federales no esenciales son licenciados sin sueldo y se suspenden programas sociales, museos y parques nacionales. El último shutdown estadounidense, en 2025, duró 43 días, el más extenso de la historia.

En Argentina, la Ley de Administración Financiera permite actualmente que, si el Congreso no aprueba el presupuesto, el Ejecutivo prorrogue el del año anterior y ajuste partidas según la recaudación y las necesidades. Esta herramienta ha sido utilizada por la gestión Milei en los últimos dos años, algo inédito en la historia reciente.

El anuncio generó un intenso debate político y social. Mientras Milei sostiene que la medida solo afectará el gasto político, expertos advierten sobre posibles conflictos laborales y judiciales si se suspenden salarios o funciones de empleados estatales. Además, analistas consideran que la iniciativa podría resultar impopular y enfrentar resistencia en el Congreso, donde su aprobación no está garantizada.

La propuesta de shutdown representa un cambio significativo en la administración pública argentina y plantea interrogantes sobre su viabilidad y el impacto en los servicios estatales y la sociedad. El debate continuará en el Congreso y en la opinión pública en los próximos meses.