El Gobierno argentino oficializó este miércoles una profunda reforma en el régimen de importaciones, permitiendo que productos con certificaciones internacionales puedan ingresar y comercializarse en el país sin necesidad de repetir controles técnicos locales. La medida, establecida a través del Decreto 892/2025 y publicada en el Boletín Oficial, entrará en vigencia dentro de 60 días y busca reducir costos logísticos y administrativos, así como agilizar el comercio exterior.

Según la nueva normativa, las exigencias técnicas para importar se considerarán cumplidas cuando los productos cuenten con certificaciones válidas en países de referencia como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Israel, Reino Unido, Australia y los países del EFTA, o con avales de organismos certificadores y laboratorios acreditados, tanto nacionales como internacionales. La Secretaría de Industria y Comercio quedó facultada para definir mecanismos alternativos de validación.

El decreto excluye expresamente del régimen a armas, explosivos, sustancias químicas, mercaderías usadas o reacondicionadas, productos cuya comercialización esté prohibida en el país, alimentos regulados por el Código Alimentario Argentino, medicamentos, fertilizantes y bienes alcanzados por regímenes especiales. También quedan fuera los productos sin procesamiento industrial, como semillas, frutas, ganado y carnes.

Para los productos fiscalizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la norma regula los mecanismos de acreditación técnica para la importación y comercialización de categorías específicas, como productos médicos de bajo riesgo, cosméticos, productos de higiene personal, perfumes, productos domisanitarios y dispositivos de diagnóstico in vitro que no requieran cadena de frío. En estos casos, se exige que los bienes estén autorizados para su consumo en al menos uno de los países de referencia o cuenten con certificaciones oficiales o ensayos que acrediten el cumplimiento de las normas técnicas locales.

El control aduanero y sanitario se mantiene para casos específicos, y la Dirección General de Aduanas continuará realizando los controles de importación mediante los sistemas de selectividad y análisis de riesgo aduanero vigentes. En caso de irregularidades o falsificaciones en las certificaciones presentadas, se aplicarán las sanciones penales y administrativas previstas en la legislación vigente.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y varios ministros, y se enmarca en la estrategia de desburocratización y apertura comercial del Gobierno. Desde el oficialismo se sostiene que la simplificación de trámites permitirá mayor competencia y mejores precios para los consumidores, aunque algunos sectores advierten sobre el posible impacto en la industria nacional. El decreto otorga un plazo de 30 días para que los organismos públicos adapten sus normas y sistemas, consolidando así un giro hacia la integración de Argentina en los mercados internacionales.