La reforma laboral impulsada por el Gobierno argentino ha encendido un fuerte debate en el ámbito judicial y profesional. El proyecto, que será tratado en la Cámara de Diputados, propone la transferencia progresiva del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires y modificaciones clave en la Ley de Contrato de Trabajo, especialmente en los artículos 20 y 277.

Entre los cambios más controvertidos se encuentra la posibilidad de que las indemnizaciones y los honorarios profesionales se paguen en hasta doce cuotas mensuales, lo que, según la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, afecta derechos de carácter alimentario y precariza el ejercicio profesional. Además, la reforma introduce la figura de la "pluspetición inexcusable", que habilitaría la condena solidaria en costas al abogado si el juez considera que el reclamo fue excesivo, generando un riesgo patrimonial directo para los profesionales.

La jueza María Elena López, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, expresó que si bien una reforma laboral es necesaria, el proyecto actual carece de un debate amplio y no debería responder a los intereses de un solo sector. López también rechazó la existencia de una "industria del juicio", argumentando que los jueces laborales actúan conforme a la ley y que el sistema actual está basado en normas constitucionales y legales.

Por su parte, el Gobierno sostiene que la reforma es clave para combatir la litigiosidad excesiva y modernizar el sistema laboral. Datos citados por medios como Cadena 3 indican que entre 2023 y 2025 las demandas laborales por accidentes de trabajo se multiplicaron por 44, lo que, según algunos analistas, evidencia la necesidad de cambios estructurales.

El proceso de transferencia de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires es visto por algunos sectores como un paso institucional pendiente desde la reforma constitucional de 1994, aunque genera incertidumbre sobre la capacidad de los juzgados porteños para absorber la carga de trabajo.

Mientras tanto, abogados y jueces laborales insisten en que la reforma podría restringir derechos fundamentales y desalentar el ejercicio profesional en la materia. El debate continúa polarizando opiniones, con el trasfondo de una crisis social y económica que agrava la tensión entre la necesidad de modernización y la protección de derechos laborales.