La política de la pipeta
• Concejal de Bahía Blanca renunció tras negarse a un test de alcoholemia 🚗 • El hecho generó polémica y presión social • Se debate quién ocupará su banca antes de una sesión clave #BahíaBlanca #Política #Transparencia



El concejal Jonatan Arce, representante de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, presentó su renuncia tras negarse a realizar un test de alcoholemia durante un control vehicular en la madrugada del viernes. El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios locales, generó un fuerte impacto político y social en la ciudad bonaerense.
Arce, quien integraba la Comisión de Tránsito y Transporte, fue abordado por inspectores municipales y, al negarse a la prueba, recibió una multa de $1.412.800, conforme a la normativa vigente que considera la infracción "positiva por presunción". La situación se agravó tras el reclamo público de Santiago Saccoccia, referente de la organización Estrellas Amarillas y padre de un joven fallecido en un siniestro vial, quien exigió la renuncia del edil.
En una carta difundida en la red social X, Arce reconoció su error: "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas. Durante el procedimiento no accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas". El concejal explicó que su renuncia busca evitar "condicionamientos institucionales" y no afectar el trabajo de su espacio político. "La coherencia debe estar siempre por encima de los cargos, y los cargos nunca por encima de los valores", remarcó.
La salida de Arce ocurre en la antesala de una sesión clave en el Concejo Deliberante, donde se debatirá la suba de tasas municipales. Su reemplazo aún no está definido y abre un debate interno en el peronismo local, ya que la normativa no exige paridad de género y existen varias alternativas entre suplentes y exfuncionarios.
El caso revive antecedentes similares en la ciudad y refuerza la política de "tolerancia cero" al alcohol al volante, impulsada por la gestión municipal. La presión social, especialmente de organizaciones de familiares de víctimas de tránsito, resultó determinante en la resolución del caso. Hasta el momento, ni el municipio ni el bloque oficialista han emitido declaraciones públicas sobre el episodio, que deja en evidencia la sensibilidad social y política ante este tipo de conductas en funcionarios públicos.
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