El gobierno de Javier Milei inicia el año 2026 con una marcada consolidación política y la aprobación de reformas económicas consideradas clave para su modelo de gestión. Tras un contundente respaldo electoral y el apoyo externo, especialmente de Estados Unidos, el oficialismo logró la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, ambas con mayorías significativas en el Congreso. El presupuesto prevé un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y un superávit primario equivalente al 1,2% del producto bruto interno, mientras que la Ley de Inocencia Fiscal busca incentivar el uso de dólares fuera del sistema formal, aunque sin eliminar impuestos ni modificar antecedentes fiscales.

El presidente Milei sostiene que la estabilidad y el orden son condiciones indispensables para el progreso, y en ese marco impulsa la desregulación, la modernización laboral y la apertura comercial como motores de crecimiento. El esquema de bandas cambiarias fue ajustado para seguir el ritmo de la inflación pasada, en un intento por fortalecer la credibilidad del sistema cambiario y facilitar la acumulación de reservas. Sin embargo, persisten desafíos importantes, como los vencimientos de deuda externa por más de US$20.000 millones en el año, la insuficiencia de dólares genuinos y la necesidad de atraer inversiones extranjeras, especialmente en sectores como minería y energía, que tienen bajo impacto en la generación de empleo formal.

El ajuste fiscal, logrado principalmente mediante recortes en gasto público, subsidios y prestaciones sociales, ha generado críticas desde sectores opositores y sociales, que advierten sobre el deterioro del nivel de vida, el impacto en jubilaciones, salarios públicos y la obra pública. A pesar de la tolerancia social y el respaldo político, analistas señalan que el gobierno enfrenta riesgos de credibilidad en el sistema cambiario y presiones por la falta de crecimiento homogéneo en la economía real. El oficialismo, por su parte, proyecta continuidad en el modelo de reformas y espera que la inversión extranjera y la apertura comercial impulsen una recuperación más sostenida en los próximos meses.

En este contexto, Argentina transita el inicio de 2026 con expectativas divididas: mientras el gobierno celebra sus logros y apuesta por la profundización de las reformas, persisten interrogantes sobre el impacto social y la sostenibilidad del programa económico, en un escenario marcado por la polarización política y la demanda de respuestas concretas a los desafíos de empleo, ingresos y servicios públicos.