La Justicia argentina dio un paso histórico al decidir que los diez acusados de planificar y ejecutar el atentado a la AMIA en 1994 sean juzgados en ausencia, una figura legal inédita en el país. El juez federal Daniel Rafecas aceptó el pedido de la Unidad Fiscal AMIA y de querellantes como la DAIA y la AMIA, aplicando la reciente reforma del Código Procesal Penal que habilita el juicio en ausencia para delitos graves cuando los imputados eluden a la Justicia durante años.

Los acusados, todos iraníes y libaneses, han estado prófugos desde 2006, con alertas rojas de Interpol y pedidos de captura internacional que nunca prosperaron, en parte por la negativa de Irán a extraditar a sus ciudadanos. Entre ellos figuran exfuncionarios del régimen iraní y miembros de Hezbollah, señalados por la investigación como responsables de la planificación, financiamiento y ejecución del ataque que dejó 85 muertos y más de 150 heridos en la mutual judía de la calle Pasteur, en Buenos Aires.

La decisión de Rafecas, que aún puede ser apelada ante la Cámara Federal, se apoya en la nueva ley sancionada este año, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Esta norma permite juzgar en ausencia a acusados de crímenes de lesa humanidad y terrorismo que permanezcan prófugos por más de cuatro meses. El magistrado argumentó que la ausencia voluntaria de los imputados no puede ser un obstáculo para la justicia ni para el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener una sentencia.

El fallo fue celebrado por la mayoría de los familiares de las víctimas y la comunidad judía, que ven en esta medida una oportunidad para avanzar en una causa marcada por la impunidad y las demoras. Sin embargo, organizaciones como Memoria Activa y APEMIA, así como la defensa oficial, expresaron su rechazo, advirtiendo sobre posibles violaciones al derecho de defensa y la necesidad de contar con más pruebas.

Rafecas citó antecedentes internacionales, como los juicios de Núremberg y el [Tribunal Especial para el Líbano](/entities/entity_1750959358385_260), para fundamentar la constitucionalidad y legitimidad del juicio en ausencia. Subrayó que el proceso mantendrá todas las garantías y podrá ser revisado si los acusados deciden presentarse en el futuro. La decisión representa un giro trascendental en la búsqueda de justicia por el mayor atentado terrorista en la historia argentina, aunque el camino judicial aún enfrenta desafíos y apelaciones.