La Fundación Apolo presentó una denuncia penal en Argentina contra una presunta red de espionaje vinculada al régimen de Nicolás Maduro. Según el escrito, esta organización estaría dedicada a perseguir y hostigar a exiliados venezolanos en territorio argentino y otros países de América Latina. El caso central de la denuncia es el de José Zambrano Erazo, hijo de una exfuncionaria venezolana, quien habría sido víctima de amenazas, seguimientos y vigilancia ilegal.

La denuncia, firmada por el legislador porteño Yamil Santoro y otros abogados, acusa a esta red de cometer delitos como asociación ilícita agravada, encubrimiento y amenazas agravadas. Además, se argumenta que los hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad, ya que estarían motivados por razones políticas. "Estamos frente a un caso gravísimo de persecución política ejecutada fuera de las fronteras venezolanas", afirmó Santoro.

Zambrano y su familia han sido perseguidos desde 2017, cuando abandonaron Venezuela tras sospechas de malversación de fondos en el Ministerio de Cultura, donde trabajaba su madre, Mery Erazo. Desde entonces, han recibido amenazas en varios países, incluyendo Argentina, donde Zambrano residió entre 2018 y 2024. En este período, denunció episodios de hostigamiento, como mensajes intimidatorios en redes sociales y seguimientos físicos.

La denuncia también señala que esta red tendría acceso a información migratoria protegida, lo que sugiere la posible complicidad de funcionarios argentinos. "No se trata solo de proteger a un individuo, sino de evitar que nuestro territorio sea usado como plataforma de operaciones para un régimen que persigue y elimina a sus opositores", concluyó Santoro.

El caso ha generado preocupación en la comunidad internacional y pone en el centro del debate la seguridad democrática en Argentina. La Justicia deberá investigar la existencia de esta red y su impacto en los derechos humanos y la soberanía del país.