El Congreso argentino vivió una semana de alta tensión política tras el rechazo del capítulo XI del Presupuesto 2026, que incluía la derogación de leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. La derrota parlamentaria obligó al gobierno de Javier Milei a recalibrar sus métodos y revisar sus alianzas, en medio de una crisis interna que expuso la fragilidad de los consensos y la inexperiencia legislativa del oficialismo.

La sesión, marcada por negociaciones de madrugada y acuerdos inesperados, dejó al oficialismo sin el control de la Auditoría General de la Nación (AGN), favoreciendo al bloque opositor. El PRO, principal socio electoral, denunció la designación de auditores y amenazó con judicializar el proceso, mientras gobernadores radicales y provinciales expresaron su malestar por la falta de consulta y coordinación.

La presión de organizaciones civiles y familias con hijos con discapacidad fue determinante en el rechazo parlamentario, movilizando a legisladores y gobernadores para evitar el recorte de derechos. El oficialismo, por su parte, intentó mantener el relato de éxito, pero la doble derrota parcial en el Congreso evidenció la necesidad de modificar su estrategia política.

La reforma laboral, otro eje central de la agenda oficial, fue postergada para febrero ante la falta de apoyo legislativo, lo que permitió al sindicalismo y la CGT fortalecer su posición y amenazar con nuevas medidas de fuerza. El contexto económico, marcado por inflación y caída de salarios, añade presión al gobierno, que enfrenta crecientes demandas sociales y dificultades para sostener el superávit fiscal.

En este escenario, el peronismo celebró el control de la AGN y la postergación de la reforma laboral, mientras el PRO y otros aliados advierten sobre la ruptura de quórum y la necesidad de renegociar acuerdos. El gobierno evalúa alternativas para modificar leyes y recomponer alianzas, pero la incertidumbre política y la debilidad parlamentaria plantean desafíos para la gestión de Milei en el corto plazo.