El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires ha alcanzado un nuevo punto de tensión luego de que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) decidiera mantener su convocatoria a un paro, a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. La medida de fuerza responde al rechazo de la FEB a la última oferta salarial del gobierno provincial, que contempla un aumento del 10% en dos tramos: 6% en mayo y 4% en julio.

El gobierno de Axel Kicillof había logrado el respaldo de la mayoría de los gremios docentes, incluyendo Suteba, el sindicato más grande del sector. Sin embargo, la FEB, que representa aproximadamente al 20% de los docentes bonaerenses, consideró insuficiente la propuesta y decidió avanzar con la huelga. "La conciliación obligatoria solo busca cercenar el derecho a huelga", afirmó Liliana Olivera, presidenta de la FEB, quien también anunció que llevarán el caso a la justicia.

En respuesta, el ministro de Trabajo, Walter Correa, subrayó que "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", y confirmó que se descontarán los días no trabajados a los docentes que adhieran al paro. Además, destacó los esfuerzos del gobierno provincial para sostener los salarios en un contexto de crisis financiera, señalando que el salario inicial de un maestro de grado será de $643.057 en mayo y $670.210 en julio.

El conflicto ha generado divisiones dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que históricamente ha actuado de manera unificada en las negociaciones salariales. Mientras que Suteba y otros gremios aceptaron la oferta, sectores disidentes y la FEB han optado por medidas de fuerza, marcando un quiebre en la estrategia gremial.

El impacto del paro se siente con mayor fuerza en el interior de la provincia, donde la FEB tiene una representación significativa. Padres y estudiantes enfrentan incertidumbre ante la posible interrupción de clases, mientras que el gobierno provincial busca minimizar el alcance de la medida y garantizar la continuidad educativa.

Este es el primer paro significativo contra la administración de Kicillof desde su asunción en 2019, lo que subraya las crecientes tensiones en un contexto de crisis económica y ajustes presupuestarios. Las negociaciones salariales continuarán en agosto, según lo acordado en la paritaria, pero el conflicto actual deja en evidencia las dificultades para alcanzar consensos en un escenario de restricciones financieras.