La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación de un Registro Público de Vacantes para colegios privados incorporados al sistema oficial, una medida que busca garantizar transparencia y equidad en el acceso a la educación, especialmente para estudiantes con discapacidad o neurodivergencias. La reforma, que modifica la Ley 2.681, fue sancionada con 44 votos afirmativos y responde a una demanda social persistente por mayor claridad y justicia en la asignación de vacantes escolares.

El nuevo registro estará a cargo del Ministerio de Educación de CABA, que deberá informar y mantener actualizados los datos sobre vacantes disponibles por grado y año, tanto en el ciclo lectivo en curso como en el siguiente. Cada colegio privado tendrá la obligación de publicar esta información en su sitio web institucional y en la plataforma oficial del Ministerio, permitiendo así a las familias conocer en tiempo real la disponibilidad de lugares y evitando situaciones de incertidumbre o arbitrariedad.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Graciela Ocaña, quien destacó que la ley fue elaborada a partir de las experiencias y necesidades reales de las familias y estudiantes con discapacidad. "Esta reforma de Ley de Matriculación fue pensada, soñada y redactada por un equipo de profesionales especializados. Pero ante todo, esta ley no fue ideada desde un escritorio, sino que fue escrita escuchando la verdadera necesidad", expresó Ocaña durante el debate.

El contexto que motivó la reforma estuvo marcado por numerosos testimonios de familias y organizaciones civiles que denunciaron dificultades recurrentes para acceder a vacantes, especialmente en el caso de niños con discapacidad. Durante las discusiones en la comisión de educación, se escucharon relatos de discriminación y obstáculos burocráticos que, según los participantes, convertían el proceso de inscripción en un "peregrinaje doloroso".

Genoveva Ferrero, representante del Observatorio de Discapacidad de la Justicia de la Ciudad, subrayó el impacto humano de la medida: "El objetivo siempre fue simple y profundamente humano, que las familias con hijos con desafíos en nuestra Ciudad accedan a una vacante en una escuela privada sin atravesar un laberinto de obstáculos, silencios y puertas cerradas. Hoy, con esta ley, damos un paso histórico en ese sentido".

En el plano normativo, la reforma introduce una exigencia clave: ningún colegio privado podrá negar la inscripción o reinscripción de un estudiante sin una "justa causa" debidamente fundamentada, en línea con la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los tratados internacionales que protegen los derechos de la niñez y las personas con discapacidad.

Las reacciones de los actores involucrados reflejaron tanto el respaldo a la medida como la conciencia de sus limitaciones. Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva, valoró el avance que representa la ley, aunque advirtió que persisten desafíos estructurales: "Si bien consideramos que una ley no resuelve mágicamente todos los problemas de inserción escolar que padecen los niños con neurodivergencias, creemos que este es un paso más que damos hacia la convivencia". Morales agregó que "esto recién se va a resolver cuando los colegios se abran a la neurodiversidad". La aprobación de la ley representa un avance en la protección del derecho a la educación inclusiva, aunque el desafío de la plena inclusión escolar sigue vigente.