La provincia de Santa Fe dio inicio este lunes a un proceso histórico: la reforma parcial de su Constitución, vigente desde 1962. La Convención Reformadora, compuesta por 69 convencionales electos en abril, comenzó sus sesiones en la Legislatura provincial con el objetivo de debatir y actualizar el texto fundamental de la provincia.

El acto inaugural marcó la asunción de los convencionales, quienes representan a una amplia diversidad política, incluyendo al oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe, la alianza panperonista Más para Santa Fe, La Libertad Avanza, Somos Vida y Libertad, Activemos y Frente de la Esperanza. Entre los miembros se encuentran figuras de peso como el gobernador Maximiliano Pullaro, legisladores nacionales y referentes de distintos espacios políticos.

El proceso, que cuenta con un plazo inicial de 40 días prorrogable por 20 más, abordará la reforma de 42 artículos habilitados por la Legislatura. Entre los temas centrales figuran la posibilidad de reelección del gobernador, la autonomía municipal, la limitación de mandatos, la reforma del sistema judicial, la incorporación de nuevos derechos constitucionales —como los ambientales y digitales— y la modernización del funcionamiento legislativo.

La Convención deberá elegir sus autoridades y definir el reglamento interno antes de avanzar en el debate de fondo. Aunque el oficialismo cuenta con mayoría, la aprobación de los artículos clave requerirá consensos amplios con la oposición. "Es el momento de que Santa Fe se ponga en sintonía con los tiempos que corren y con las demandas de una ciudadanía que quiere más y mejor democracia", expresó el gobernador Pullaro.

Una de las novedades del proceso es la apertura a la participación ciudadana, permitiendo que los santafesinos presenten propuestas y opiniones a través de la web oficial. Especialistas y actores sociales destacan el valor pedagógico y cívico de la reforma, subrayando la importancia de la pluralidad de voces y la actualización institucional.

El proceso se desarrolla en un contexto de demandas sociales por mayor transparencia y modernización del Estado. Si se cumplen los plazos previstos, la nueva Constitución podría entrar en vigencia antes de fin de año, marcando un hito institucional para la provincia.