En abril de 2026, la Casa Rosada revocó las credenciales de varios periodistas acreditados, tras la difusión de un informe internacional que sugería pagos de una red de propaganda rusa a medios argentinos para desinformar y desacreditar al gobierno de Javier Milei. La medida, comunicada de manera informal y aplicada de forma selectiva, afectó principalmente a medios críticos y generó una ola de denuncias por censura y ataques a la libertad de prensa.

El informe, liderado por Open Democracy y replicado por otros portales, carecía de pruebas concluyentes y fue posteriormente rectificado por sus autores, quienes admitieron no haber podido verificar los supuestos pagos ni identificar a los responsables. Ámbito Financiero, uno de los medios señalados, desmintió categóricamente haber recibido fondos y denunció la falta de derecho a réplica y el daño reputacional sufrido. "La revocación de mi acreditación es una manera de imponer miedo", afirmó Liliana Franco, periodista con más de 30 años de experiencia en la sala de prensa presidencial.

La decisión del gobierno fue justificada como una acción para combatir la desinformación extranjera, pero fue ampliamente criticada por periodistas, organizaciones y analistas, quienes la consideraron un retroceso democrático y un acto de censura. El episodio puso en evidencia la fragmentación y precarización del periodismo argentino, así como la creciente presión política sobre los medios.

En el contexto internacional, el caso argentino fue comparado con restricciones similares impuestas a la prensa en otros países, como Estados Unidos bajo la administración Trump. Analistas advierten que la falta de respuestas colectivas y la debilidad institucional del periodismo local agravan el riesgo de autocensura y afectan la calidad del debate público.

El gobierno, por su parte, sostiene que la medida fue necesaria para proteger la seguridad nacional y la integridad del Estado frente a posibles injerencias extranjeras. Sin embargo, el debate sobre la libertad de prensa, la influencia internacional y la responsabilidad de los medios sigue abierto, con implicancias para la democracia argentina y la región.