La Justicia argentina intimó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho condenados en la causa Vialidad a pagar $684.000 millones en concepto de decomiso por delitos de corrupción en la adjudicación de obra pública. El Tribunal Oral Federal N°2 notificó a los involucrados y estableció un plazo de diez días hábiles, que vence el 13 de agosto, para realizar el depósito en una cuenta judicial. De no cumplirse con la orden, la Justicia procederá a ejecutar y rematar los bienes embargados, que incluyen propiedades, cuentas bancarias, inversiones y sociedades vinculadas a los condenados.

El monto reclamado fue calculado por peritos oficiales de la Corte Suprema, quienes actualizaron la cifra a pedido del tribunal. Sin embargo, la defensa de Cristina Kirchner presentó un peritaje alternativo que estima el daño en apenas $42.494 millones, muy por debajo de la suma oficial. El tribunal desestimó este cálculo y ratificó la cifra propuesta por los peritos oficiales.

Entre los bienes que podrían ser liquidados se encuentran 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades, además de cuentas bancarias y activos financieros. Muchos de estos bienes ya están embargados en otras causas judiciales, pero la prioridad la tiene la causa con condena más avanzada, según explicaron fuentes judiciales.

El caso Vialidad se centra en fraudes cometidos en licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La sentencia establece que el Estado debe recuperar los activos provenientes del delito para impedir que los condenados sigan beneficiándose de ellos. El monto a pagar equivale a unos US$530 millones y supera ampliamente los presupuestos anuales de importantes áreas como salud y educación.

La defensa de la expresidenta sostiene que la cifra es desproporcionada y que los bienes ya fueron donados a sus hijos, aunque la Justicia considera que pueden ser ejecutados igualmente. El caso ha reavivado el debate público sobre la corrupción y sus consecuencias económicas y políticas en Argentina, mientras se espera la resolución final sobre el destino de los bienes y el cumplimiento de la sentencia.