El pasado 26 de junio, la Municipalidad de La Plata fue escenario de graves incidentes durante una protesta de cooperativistas y miembros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en rechazo a cambios en el sistema de licitaciones para la limpieza urbana. Según registros de cámaras de seguridad difundidos por el municipio, un grupo de manifestantes ingresó al Palacio Municipal, rompió vidrios y vitrales, y prendió fuego neumáticos en la entrada principal, generando columnas de humo y daños materiales significativos.

El conflicto se originó tras la decisión de la administración local, encabezada por el intendente Julio Alak, de reemplazar las contrataciones directas de cooperativas por un sistema de licitación pública, en cumplimiento de una intimación del Tribunal de Cuentas provincial. Esta medida, según el municipio, buscaba transparentar los procedimientos administrativos y poner fin a contratos directos vigentes desde 2011, que representaban más de mil millones de pesos anuales.

La protesta, que comenzó de manera pacífica frente al edificio municipal, escaló cuando un grupo intentó ingresar por la fuerza y se enfrentó con agentes de seguridad y efectivos policiales. El saldo fue de 22 detenidos y al menos 7 heridos, además de una denuncia penal presentada por el municipio por daños, lesiones y atentado a la autoridad.

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos, vinculado al dirigente Juan Grabois, se rechazó la versión oficial y se denunció una campaña de persecución política y mediática. "La municipalidad intenta instalar que nos negamos a competir en la licitación, y eso es una mentira absoluta", señalaron en un comunicado, asegurando que la protesta fue pacífica y que la represión policial provocó la escalada de violencia. Además, el MTE afirmó que ninguno de los detenidos pertenece a su organización.

El municipio, por su parte, sostiene que el MTE pretendía mantener contratos directos millonarios y no aceptó el nuevo esquema de licitación pública. El conflicto dejó en evidencia la tensión entre el gobierno local y las organizaciones sociales por el manejo de los servicios públicos y el sustento de cientos de trabajadores recicladores. Las imágenes de los incidentes serán incorporadas como prueba en la causa judicial, mientras continúan las acusaciones cruzadas y la discusión sobre el futuro de la gestión de residuos en la ciudad.