El Gobierno nacional ha intensificado las negociaciones con los gobernadores provinciales para asegurar la aprobación de la reforma laboral en el Senado, prevista para ser tratada entre el 10 y el 11 de febrero. El ministro del Interior, Diego Santilli, lidera una gira por al menos diez provincias clave, buscando el respaldo de mandatarios aliados y dialoguistas, en un contexto donde el oficialismo necesita alcanzar el umbral de 37 votos en la Cámara Alta.

Las conversaciones se centran en provincias como Chubut, donde el gobernador Ignacio Torres reclama una deuda previsional de $51.000 millones, y en otras jurisdicciones como Entre Ríos, Chaco, Mendoza, San Luis, San Juan y Salta. El Gobierno ha distribuido recientemente $199.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), beneficiando principalmente a distritos aliados, como parte de la estrategia para consolidar apoyos.

Uno de los puntos más debatidos es el impacto fiscal de la reforma, especialmente en lo relativo a la coparticipación y al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con un 3% del aporte obligatorio de los empleadores. Los gobernadores han manifestado preocupación por la posible reducción de ingresos provinciales debido a exenciones y rebajas impositivas incluidas en el proyecto. "El derrumbe en la recaudación es real a partir de la recesión que hay en las provincias", advirtió un gobernador durante las negociaciones.

El oficialismo, por su parte, insiste en que la reforma es "razonable" y no implica una flexibilización extrema, y se muestra abierto a introducir cambios sugeridos por la oposición dialoguista, siempre que no se altere el espíritu de modernización de la ley. "Trabajamos para que la ley salga", afirmaron fuentes del Ejecutivo, que consideran fundamental la creación de empleo formal y la reducción de la litigiosidad laboral.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) y sectores sindicales han mantenido reuniones con gobernadores para expresar su preocupación por la posible pérdida de derechos laborales y la limitación de cuotas sindicales. Mientras tanto, el Gobierno confía en que la reforma será aprobada antes del inicio de las sesiones ordinarias en marzo, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa en el mercado laboral argentino y en la agenda de reformas del presidente Javier Milei.