El Gobierno nacional intensifica las negociaciones con gobernadores y la Confederación General del Trabajo (CGT) para lograr la aprobación de la reforma laboral, considerada clave para la agenda económica de la administración de Javier Milei. Tras el reciente éxito parlamentario con la aprobación del Presupuesto 2026, el oficialismo se enfoca ahora en sumar apoyos para la denominada "modernización laboral".

El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza una gira por distintas provincias, buscando acuerdos con mandatarios provinciales de diferentes signos políticos. Entre los principales interlocutores se encuentran gobernadores de Provincias Unidas y peronistas dialoguistas, quienes ya fueron determinantes en la aprobación del presupuesto. La estrategia oficialista incluye la posibilidad de introducir cambios al proyecto original, especialmente en respuesta a las observaciones de la CGT y de los gobernadores preocupados por el impacto fiscal de la reforma.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, confirmó la apertura al diálogo y la disposición a modificar aspectos del proyecto para alcanzar los votos necesarios. "El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios", afirmó Bullrich, quien también destacó que el Gobierno no aceptará mantener el status quo del mercado laboral.

Uno de los puntos más debatidos es el Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes de los empleadores, y el posible recorte de fondos coparticipables a las provincias debido a cambios tributarios. Un informe circulado entre gobernadores peronistas advierte que la reforma podría reducir en más de $1,7 billones los fondos que reciben las provincias.

La CGT, por su parte, mantiene su rechazo a la reforma, especialmente a la eliminación de la ultraactividad y la prioridad de acuerdos de empresa sobre los convenios de actividad. Sin embargo, la central obrera está dispuesta a dialogar, siempre que se respeten derechos adquiridos y se evite una flexibilización extrema.

El debate parlamentario central está previsto para febrero en el Senado, donde el oficialismo confía en lograr los apoyos necesarios, aunque reconoce la necesidad de concesiones. El desenlace de estas negociaciones será clave para el futuro del mercado laboral argentino y para la capacidad del Gobierno de avanzar con su agenda de reformas.