El gobierno de la provincia de Neuquén despidió a Nicolás Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, tras comprobarse que durante años no cumplió con sus funciones como empleado de planta permanente en el Ministerio de Energía. La decisión se tomó luego de una investigación interna que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y registros biométricos, los cuales demostraron que Salvatori fichaba su ingreso y se retiraba del edificio sin realizar tareas laborales.

El sumario administrativo, iniciado el 12 de junio de 2025, determinó que Salvatori incurrió en faltas continuas e injustificadas entre julio de 2020 y junio de 2025. Durante este período, según consta en el expediente, no se registraron asistencias válidas ni tareas realizadas por el agente. "De la prueba producida, informes de la Coordinación referida, registros de fichaje y biométricos, pero principalmente de las propias declaraciones del agente sumariado, surge acreditado que durante el periodo investigado el agente no ha prestado servicios, es decir no ha trabajado, más allá de haber fichado o haberse registrado en algunas oportunidades", señaló la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial.

Salvatori, representado por abogados, argumentó que no se le asignaban funciones y que fue víctima de una supuesta persecución ilegítima, pero estos dichos fueron refutados por la investigación oficial. Como medida preventiva, el gobierno lo suspendió sin goce de haberes y dispuso que se investigue si cobró salarios sin trabajar, con la intención de recuperar los fondos públicos. En caso de no poder hacerlo, se dará intervención a la Fiscalía de Estado por posible enriquecimiento sin causa.

La gestión del gobernador Rolando Figueroa ha implementado una política de tolerancia cero frente a la corrupción y el ausentismo en la administración pública, eliminando privilegios y gastos innecesarios. El caso Salvatori es considerado por el Ejecutivo provincial como un ejemplo de la nueva línea de conducta que se busca imponer en el Estado neuquino. Se espera que la medida siente precedente y refuerce el control sobre el cumplimiento de funciones en el sector público.