La investigación judicial que involucra a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ha sumado nuevas pruebas que refuerzan su presunta vinculación con una lujosa mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. Documentos incorporados al expediente, entre ellos facturas de la DGI a nombre de Florencia Sartirana, pareja de Toviggino y ex gerenta de Finanzas de la AFA, así como contratos confidenciales con clubes como Arsenal de Sarandí y Sarmiento de Junín, han puesto en evidencia un entramado societario y financiero de gran escala.

Según la investigación, la mansión estuvo primero a nombre de Malte SRL y luego pasó a Real Central SRL, ambas empresas relacionadas directa o indirectamente con Toviggino. Malte SRL, constituida en Santiago del Estero, fue propietaria formal de la residencia entre junio de 2023 y mayo de 2024 y funcionó como eje operativo de un grupo de firmas que pagaban honorarios, firmaban contratos y canalizaban fondos con la AFA y clubes profesionales. Entre la documentación relevada figuran facturas emitidas por Sartirana a favor de Malte SRL por montos cercanos al millón de pesos bajo el concepto de "honorarios".

La empresa también otorgó un préstamo de 10 millones de pesos al Club Atlético Sarmiento de Junín y suscribió un convenio confidencial de gerenciamiento con Arsenal de Sarandí, que incluyó la cesión de derechos federativos de jugadores y la participación en litigios nacionales e internacionales. Además, Malte intervino en acuerdos transaccionales y litigios ante la FIFA, mientras otras empresas del entorno, como Wicca SAS y SOMA SRL, participaron en operaciones millonarias y contratos con clubes y el Estado.

Paralelamente, empresas vinculadas a Toviggino aparecen como proveedoras del Estado santiagueño en servicios de vigilancia en hospitales y edificios públicos, así como en la provisión de materiales para obras viales. La estructura societaria familiar, controlada por allegados y familiares de Toviggino, ha sido reorganizada en los últimos meses para concentrar el control y reducir la exposición pública en medio de la investigación judicial.

La causa, impulsada por Elisa Carrió y otros legisladores, se disputa entre dos juzgados y sigue ampliándose con la aparición de nuevas firmas y transferencias cruzadas. Mientras la Justicia avanza en la búsqueda de documentación contable y bancaria, el caso genera repercusión en el fútbol, la política y la opinión pública, con pedidos de mayor transparencia en la AFA y en las contrataciones estatales.