El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Comodoro Py ordenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho condenados en la causa Vialidad a pagar, en un plazo de diez días hábiles, la suma de $684.000 millones en concepto de decomiso por maniobras fraudulentas en la adjudicación de obra pública. La resolución, que afecta también al empresario Lázaro Báez y a exfuncionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz, establece que, de no cumplirse el pago, la Justicia procederá a rematar los bienes embargados de los condenados para cubrir la cifra.

El monto, equivalente a unos 535 millones de dólares al cambio oficial, fue calculado por peritos de la Corte Suprema y representa la actualización de los $85.000 millones determinados en el veredicto de 2022, ajustados por el Índice de Precios al Consumidor. La defensa de Fernández de Kirchner, sin embargo, sostiene que el decomiso debería ser de $42.494 millones, según un peritaje propio que utilizó una metodología diferente. El tribunal, en su fallo, avaló la pericia oficial y rechazó los argumentos de la defensa.

Entre los bienes embargados de la exmandataria figuran propiedades en Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, cuentas bancarias, sociedades familiares y cajas de seguridad. Muchos de estos activos ya estaban alcanzados por embargos en otras causas judiciales, como Hotesur-Los Sauces, que investiga presunto lavado de dinero.

La causa Vialidad investigó el direccionamiento de obras públicas a favor de Báez entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la Justicia, el 80% de la obra pública vial en Santa Cruz fue adjudicada a empresas vinculadas a Báez, con sobreprecios y obras inconclusas. El tribunal consideró que existió un "gravísimo hecho de corrupción" que perjudicó al Estado.

La condena incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria. Los condenados pueden apelar la decisión, lo que podría demorar la ejecución del decomiso. El caso sigue generando repercusiones políticas y judiciales, y se espera que las defensas presenten recursos en las próximas semanas.