El exdiputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, fue imputado por la Justicia federal por los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios, en el marco de una investigación que lo señala como responsable de financiar la producción y difusión de videos anónimos en redes sociales, vinculando al gobierno provincial con actividades relacionadas al narcotráfico. Según la acusación, Estrada habría utilizado recursos públicos y la colaboración de asesores legislativos para montar una operación de desinformación, lo que derivó en la imputación formal tras el vencimiento de su mandato y la consecuente pérdida de fueros parlamentarios.

La causa, que permaneció estancada durante meses por sucesivas apelaciones, inhibiciones de competencia y el amparo de la inmunidad legislativa, pudo avanzar luego de que Estrada concluyera su período como diputado el pasado 10 de diciembre. El pedido de desafuero, presentado por el fiscal general Carlos Martín Amad en junio, fue finalmente aceptado por la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, quien hizo lugar a la imputación solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

La investigación se originó en la justicia provincial, donde la Fiscalía de Ciberdelincuencia estableció que Estrada habría encargado y difundido, a través de asesores legislativos con cargos rentados en el Congreso de la Nación, una serie de videos destinados a instalar temor social y sospechas de connivencia entre el gobierno de Salta y el crimen organizado. Dos excolaboradores del diputado, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, confesaron el delito y fueron condenados en juicio abreviado.

Durante la audiencia de formalización, Estrada participó de manera remota y optó por no declarar ante la jueza. Su defensa presentó un planteo de nulidad, alegando persecución política y cuestionando la competencia judicial, pero estos argumentos fueron rechazados por la magistrada, quien recordó que la defensa podrá proponer pruebas y analizar en detalle la investigación.

El fiscal Amad subrayó que la imputación no reside en la libertad de expresión política, sino en el abuso de autoridad y el desvío de recursos públicos para financiar campañas anónimas que buscan manipular la opinión pública. Como medida de coerción, se estableció el compromiso formal del imputado de presentarse ante la Justicia cada vez que sea notificado y la prohibición de entorpecer el avance de las pesquisas. La investigación tendrá un plazo de 50 días hábiles para reunir pruebas y citar testigos.

El caso pone en foco la aplicación de la Ley de Ética Pública y la responsabilidad de los funcionarios en el uso de fondos estatales, mientras la defensa de Estrada insiste en que se trata de una persecución política. El proceso judicial continúa bajo la supervisión de la jueza Giménez, con la expectativa de que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.