La crisis sanitaria desatada por la distribución de fentanilo contaminado en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, con al menos 96 muertes confirmadas y otras nueve bajo investigación. El caso, que involucra a los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, ha puesto en jaque al sistema de control de medicamentos y desatado una fuerte controversia política y judicial.

La investigación, radicada en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata y a cargo del juez Ernesto Kreplak, enfrenta cuestionamientos por su presunta falta de celeridad y por los vínculos familiares del magistrado con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Ante esta situación, el Gobierno nacional presentó una recusación formal para apartar al juez de la causa, argumentando la necesidad de garantizar imparcialidad en el proceso. "No se puede acusar sin pruebas. Hay que ser muy serio con estas cosas", sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendiendo la actuación del juez.

El brote de muertes comenzó en abril, cuando se detectaron los primeros casos en La Plata y Rosario. Las ampollas de fentanilo, utilizadas como anestésico, estaban contaminadas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. Según datos oficiales, más de 100 mil ampollas adulteradas fueron incautadas, aunque se estima que unas 45 mil ya habían sido aplicadas a pacientes en más de 200 hospitales de todo el país. La trazabilidad de los lotes y la falta de controles adecuados por parte de la ANMAT y el Ministerio de Salud han sido objeto de severas críticas.

Hasta el momento, no hay detenidos ni procesados, aunque 24 personas sospechadas de responsabilidad en la fabricación y distribución del medicamento tienen prohibida la salida del país y sus bienes han sido trabados. El responsable de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, negó cualquier responsabilidad y apuntó a ex empleados como posibles responsables de la contaminación: "El fentanilo de HLB Pharma no mató a nadie y lo vamos a demostrar. Si las ampollas están contaminadas, alguien lo hizo. Alguien puso las bacterias".

En el Congreso, la Comisión de Salud aprobó un dictamen unificado para solicitar al Poder Ejecutivo informes detallados sobre los controles a los laboratorios involucrados, la cantidad de víctimas y las alertas sanitarias activadas. "Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa en la Argentina desde la creación de la ANMAT", afirmó el diputado Pablo Yedlin.

Las familias de las víctimas, por su parte, denuncian abandono y exigen justicia. La tragedia, que ya supera en víctimas a hechos como la AMIA y la tragedia de Once, ha puesto en evidencia graves fallas estructurales en el sistema de control de medicamentos y la necesidad de una investigación profunda y transparente. El desenlace de la causa judicial y las medidas que adopte el Estado serán determinantes para evitar que una crisis similar vuelva a repetirse.