El gobierno nacional ha oficializado la entrega de subsidios para los damnificados por las inundaciones del 7 de marzo en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Según la Resolución 532/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, los montos de los subsidios varían entre $2.000.000 y $3.000.000, dependiendo del nivel de afectación sufrido por las viviendas. Este programa, denominado Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), busca asistir a las familias que sufrieron daños materiales significativos en sus hogares.

El programa se financiará con un fondo especial de $200 mil millones, creado mediante el Decreto 238/2025. Los beneficiarios deberán demostrar residencia en planta baja y daños materiales en sus viviendas al momento del desastre. Las solicitudes se realizarán a través de una plataforma digital, donde los interesados podrán consultar el estado de su trámite. Además, se implementará un sistema de clasificación de los trámites en seis estados: Recibido, En Análisis, Aprobado, En Proceso de Pago, Pagado y Rechazado.

El Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por Patricia Bullrich, será el encargado de supervisar la implementación del programa. Según la normativa, las viviendas ubicadas en zonas de alta afectación, como Ingeniero White y Villa Caracol, recibirán $3.000.000, mientras que las de afectación moderada recibirán $2.000.000. Las transferencias se realizarán directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios.

En paralelo, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ha implementado un paquete de beneficios fiscales para los damnificados. Esto incluye la exención del Impuesto Inmobiliario Edificado y del componente provincial del tributo a los Ingresos Brutos Simplificados durante 2025. También se condonará la primera cuota del Impuesto Automotor para los vehículos registrados en Bahía Blanca.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, destacó que estas medidas buscan aliviar la carga fiscal de las familias afectadas, permitiéndoles enfocarse en la recuperación. Por su parte, la ministra Bullrich subrayó la importancia de garantizar una respuesta estatal ágil y transparente ante la magnitud de los daños.

Sin embargo, algunos sectores han expresado preocupación por la demora en la implementación del programa y la falta de claridad en los plazos de pago. A pesar de ello, el gobierno asegura que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar una distribución equitativa y eficiente de los recursos.

El programa también contempla un canal adicional para las viviendas más vulnerables, como aquellas sin medidor de electricidad. En estos casos, se realizará un relevamiento especial y se asignará un código único por domicilio para facilitar el acceso al subsidio. La documentación presentada será conservada durante tres años para eventuales auditorías.

Con estas medidas, el gobierno busca mitigar el impacto de las inundaciones y apoyar a las familias en su proceso de reconstrucción. No obstante, el éxito del programa dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los damnificados.